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LA OTRA VERDAD QUE EL PAÍS NO SABE Y EL GOBIERNO LA MAQUILLA



La verdad de lo que está ocurriendo en La Mesa de La Habana

Por: Tony López Politólogo: periodista y analista internacional cubano (agosto 24, 2014) colaborador del portal Las2 orillas.

Estos son los 28 espinosos puntos que están aplazados y forman parte del llamado ‘congelador del proceso de paz’.


 Cuando usted oye la palabra “congelador” inmediatamente supone que el producto que  tiene en sus manos debe ir a la heladera y colocarlo en la parte de mayor nivel de frialdad para que su producto se conserve, eso mismo es lo que ha venido sucediendo con las conversaciones de La Habana entre Gobierno y las  insurgentes FARC, o sea los temas muy complejos que no se logren armonizar se llevan al “congelador”  o “salvedades” para conservarlos y luego de concluir con todos los puntos de la Agenda General  sacarlos del freezer y debatirlos hasta que se llegue a una solución debidamente consensuada.

Hasta el momento hay 28 temas en el congelador:
1. 10 son del primer punto que hacen referencia al tema de la tierra.
2. 14 temas del segundo punto, que tiene que ver con la participación política.
3. 4 temas más tratan de la erradicación de cultivos ilícitos, narcotráfico y el lavado de activo.
 La agenda de negociación tiene 6 puntos y solo en 20 meses se han tocado someramente 3 puntos.
Sin embargo hay que decir que el preámbulo  aprobado por las partes, es el precedente para llegar a la construcción de la  Agenda General de La Habana. 
De los tres puntos de la agenda discutidos, se han logrado avances y acuerdos parciales, pero temas significativos que en el campo económico son sensibles para la insurgencia y aspectos esenciales como el debate sobre el latifundio, la extranjerización de la tierra, el problema minero energético, las zonas de reservas campesinas, seguridad alimentaria, medio ambiente, entre otras, forman parte de ese paquete de 10 salvedades del primer punto que han ido al “congelador” y por su importancia enumerare cada uno de ellos:

Tierra

1. Latifundio y de limitación de la propiedad: 
2. Freno a la extranjerización del territorio: 
3. Extracción minero-energética y conflictos de uso de la tierra: 
4. Regulación de la explotación del territorio para la generación de agro-combustibles: 
5. Revisión y re negociación de los Tratados de Libre Comercio contra la economía: 
6. Ajustes al Ordenamiento Territorial: 
7. Financiación de la política de Desarrollo Rural y Agrario Integral: 
8. Cuantificación del Fondo de Tierras: 
9. Creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio: 
10. Definiciones sobre el derecho real de superficie: 

Participación Política

1. Reestructuración democrática del Estado y la reforma política en función de la expansión democrática. 
2. Revisión, reforma y democratización del sistema político electoral. 
3. Revisión y reforma de mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994) en lo concerniente a la       eliminación de restricciones y limitaciones y al mayor reconocimiento de la iniciativa popular.
4. Proscripción del tratamiento militar a la movilización y la protesta. (Desmantelamiento del ESMAD; y           revisión y modificación de las leyes  de seguridad ciudadana).
 5. Elección popular de los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría; Fiscalía General y la        Defensoría del Pueblo, con base en propuestas programáticas.
6. Participación ciudadana en la definición de políticas de interés nacional, tales como las relaciones                   exteriores, la seguridad y defensa nacional o la administración de justicia.
7. Democratización del acceso al espacio radioeléctrico, la información y la comunicación, que impida la           monopolización de los medios masivos de comunicación. 
8. Ordenamiento territorial y estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los                      territorios. 
9. Participación y control social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en               especial, de la política económica, en los niveles nacional, regional, departamental y municipal. Política          macroeconómica para el buen vivir de la población y un verdadero Estado social de derecho.
10. Participación social y popular en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y Social,        CONPES, del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Directiva del Banco de la          República; contraloría social a los planes de desarrollo y presupuestos públicos; rediseño del régimen de      sostenibilidad fiscal y de autonomía de la banca central.
11. Democratización y garantías de participación, reordenamiento territorial y descentralización para la               justicia social urbana. 
12. Reconocimiento de derechos políticos que garanticen la participación política y social de comunidades         campesinas, indígenas y afro descendientes, así como de otros sectores sociales excluidos, extendiendo        la consulta previa y estableciendo del Poder Popular. (Se adoptará la “Declaración de los Derechos de        los Campesinos” de la Organización de Naciones Unidas).
13. Participación social y popular en procesos de integración de Nuestra América, especialmente en la               CELAC y la UNASUR.
14. Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los tratados y acuerdos suscritos por el Estado            colombiano, que incluya la denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano;                  medidas transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren los derechos de la                    población.

Cultivos ilícitos, narcotráfico y lavado de activo


1. Nueva política criminal. En el proceso de redefinición de la política anti-drogas se debe proceder con el diseño de una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales de tráfico y de lavado de activos. Las FARC-EP insisten en la conformación de la “Comisión para el diseño de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, con grupos de trabajo de académicos y expertos que formule los lineamientos generales para esa nueva política criminal del Estado en esta materia. Sobre todo en momentos en que el país entero cuestiona el sistema judicial que rige.
2. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas. Las FARC-EP consideran que en desarrollo de los lineamientos generales de la Nueva política antidrogas se debe proceder con la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato, o cualquier otro agente químico, y con la reparación integral de sus víctimas. Esto implica:
- La identificación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.
- La reparación integral de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.
- El establecimiento de un fondo para la reparación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.
En definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.
3. Frente al punto 4.2.:
-Reconociendo la importancia de lo acordado en este sub-punto, las FARC-EP consideran necesario concretar el compromiso de transformación estructural del sistema de salud pública, que permita encuadrar el desarrollo del programa y de los planes.
4. Frente al punto 4.3.:
-Las FARC-EP, consideran que es necesaria la realización, a instancias de la Mesa de Diálogos, de una Conferencia Nacional sobre política soberana de lucha contra las drogas, a fin de avanzar, también, en la concreción de los ajustes y adecuaciones normativas y de las acciones que requiere esta lucha, considerando las nuevas tendencias internacionales que enfatizan en el enfoque en derechos humanos, al momento de enfrentar el fenómeno de producción, consumo y comercialización de drogas ilícitas.
Una de las tareas principales de esta Conferencia Nacional, debe ser la de analizar y arrojar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas, como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.
Estas son las 28 salvedades que de acuerdo a lo convenido por las partes, serán debatidas cuando estén agotados los seis puntos de la Agenda General y estas puedan arribar a la armonización de los temas que yacen en el “congelador”. De mantenerse el disenso, en alguno de los 28 temas antes de la firma del acuerdo final, existe la propuesta de las FARC que sea el soberano quien lo decida, en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente.